Investigación y vejez
La vejez es el periodo que media entre la decadencia y la muerte. No coincide con ninguna edad concreta, se accede a ella de modo paulatino y con grandes diferencias individuales. A diferencia de este proceso lento y largo, la jubilación es un acto administrativo establecido a fecha fija, independientemente del estado de salud del jubilable. Cuando se propuso la edad de 65 años como límite para la jubilación, la media de supervivencia posterior era de dos años, pero en la España de 2012 supera los veinte. Si las crisis económicas u otros desastres no cambian las circunstancias radicalmente, la esperanza de vida continuará aumentando y las condiciones de validez se lograrán para la mayoría de la población hasta más allá de los 75 años.

La capacidad de una sociedad para mantener población que no participa directamente en la producción para el mercado depende de la tecnología, la eficacia organizativa y el sistema de valores. El avance tecnológico facilita la supervivencia física, y la eficacia organizativa permite que la producción genere excedentes y plusvalías. Sin embargo, sólo el sistema de valores decide a qué grupos sociales llegan los excedentes y cuáles quedan excluidos de la redistribución.





Al conocimiento de la vejez contribuyen filósofos, lingüistas, historiadores y antropólogos. Para las disciplinas jurídicas, es un banco de pruebas: la vejez afecta la capacidad, el consentimiento, las obligaciones intrafamiliares e intergeneracionales, los dispositivos de sustitución y las transmisiones. Sin embargo, buena parte del derecho civil y el político tienen como referente implícito sujetos plenamente capaces, por lo que se ajustan mal a la nueva realidad de un sector creciente de población que vive en condiciones de semi-capacidad, sin acogerse a la tutela por las complicaciones de tipo emocional, social y económico que este reconocimiento lleva consigo. Entre otras cuestiones asociadas con el envejecimiento, la sociedad española ha de dar solución legal a dos demandas que afloran intermitentemente como reflejo de un hondo malestar social; la obligatoriedad de la jubilación por razón de edad (¿qué sucede con el reglamento de la Ley de Economía Sostenible?) y la autonomía ante la propia muerte.

La biología, la medicina y la bioquímica contribuyen a frenar las enfermedades degenerativas. Sus avances se vinculan con la farmacología y las ingenierías. También investigan sobre la muerte, porque el conocimiento sobre las fases finales contribuye a mejorar la calidad de la vida. La epidemiología o medicina social aproxima el trabajo de los humanistas y científicos sociales que se ocupan de la vejez al de los biólogos, médicos y juristas, del mismo modo que lo hace el urbanismo respecto de la arquitectura y las ingenierías.

Los demógrafos predicen la evolución de la población de edad avanzada a corto y medio plazo, así como las variaciones territoriales, su distribución por género y otras características similares. Los economistas analizan los ingresos y gastos de la población envejecida, los bienes y servicios que consumen, su vinculación con la economía del resto de la población y, no menos importante, la sostenibilidad de ese colectivo. A los sociólogos les corresponde analizar las causas y consecuencias sociales de la vejez y fomentar la búsqueda de innovaciones organizativas para el Estado, las familias, las empresas y las entidades religiosas o sin ánimo de lucro, puesto que todas ellas resultan afectadas por el envejecimiento.

Ante el reto de cómo integrar en la estructura social a las personas que ya han dejado atrás la madurez física, diferentes sociedades han sido capaces de «inventar» formas de vejez sumamente variadas. Desde la simple eliminación de los viejos hasta la concesión de honores y privilegios. Desde el tratamiento similar a todos los viejos/as hasta tratamientos tan diferenciados que concentran la penalización en algunos y las recompensas en otros. También son capaces de olvidar lo que inventaron para ensayar formas nuevas.

La vejez es asunto de especial importancia para las mujeres, ya que al ser más longevas que los hombres, su probabilidad de pasar los últimos años de vida sin pareja, con mala salud y escasos recursos monetarios es muy alta. Además, a pesar de la equiparación educativa o laboral, el trabajo del cuidado de los ancianos sigue recayendo principalmente sobre ellas.


Viejos, pero no jubilados
En las sociedades desarrolladas, y como consecuencia de la implantación de los sistemas de bienestar y seguridad social, la proporción de quienes han traspasado el umbral de la edad de jubilación crece constantemente. Aumenta la proporción de personas con capacidad para trabajar excluidas del mercado laboral que viven de sus rentas postlaborales, mientras aumenta asimismo la proporción de personas dependientes con mala salud que necesitan del trabajo ajeno para su supervivencia. En España, según datos de Naciones Unidas, los mayores de ochenta años eran el 1% de la población en 1950; en 2010 eran el 5%, y en 2050 serán el 11%. Si se traducen estas cifras en necesidades de cuidado, los mayores de ochenta años requerían en 1950 el 2% del tiempo destinado al cuidado de toda la población; en 2010 requerían el 10%, y en 2050 requerirán el 21%.

Frente a la idea de que los jubilados son un colectivo que sólo consume y no aporta a la sociedad, hay que contraponer que las definiciones de productivo e improductivo son convencionales, depende de cómo se adopten. Si no fuese por el trabajo no remunerado pero altamente eficiente de los/las sesentones (además de muchos setentones y bastantes octogenarios), las redes de apoyo interfamiliar se vendrían abajo. En un país en que los servicios públicos gratuitos de atención a primera infancia, discapacitados y ancianos dependientes escasean, los mayores proveen a nivel familiar los cuidados imprescindibles para permitir que las generaciones jóvenes concilien (aunque malamente) empleo y parentalidad, y los servicios públicos no colapsen. Si no fuera por ellos, la calidad de vida de las restantes generaciones se resentiría o el sistema impositivo tendría que rehacerse al alza hasta extremos inaceptables. En cuanto a la aportación de las mujeres de edad avanzada, son centenares de miles las no-jubiladas (en el sentido de que no cobran pensiones) que dedican diariamente jornadas agotadoras y no remuneradas a otros familiares dependientes que no pueden acceder a la compra de cuidados a través del mercado. Son formidables activos, aunque invisibles, de la economía y de la sociedad española.